Mujeres y vivienda: la igualdad que aún no llega al mercado inmobiliario
En los últimos meses ha circulado un dato que, leído rápidamente, parece positivo: más del 54 % de las hipotecas firmadas en España han sido suscritas por mujeres.
Más de la mitad.
El dato suele interpretarse como un avance en independencia económica y capacidad de decisión patrimonial, incluso de empoderamiento de la mujer. Sin embargo, como ocurre a menudo con las estadísticas, lo verdaderamente relevante no es solo el dato en sí, sino el contexto en el que se produce.
Porque firmar más hipotecas no significa necesariamente hacerlo en igualdad de condiciones.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía. Los precios de compra continúan tensionados en muchas zonas, el alquiler ha experimentado incrementos muy significativos en las últimas décadas y la oferta de vivienda sigue siendo claramente insuficiente para responder a la demanda existente.
En este contexto, muchas decisiones de compra ya no responden tanto a una oportunidad de inversión como a la necesidad de garantizar estabilidad residencial. Para muchas personas, comprar vivienda no es tanto una estrategia patrimonial como una forma de protegerse frente a un mercado del alquiler cada vez más incierto.
Es en este escenario donde se están tomando hoy miles de decisiones económicas que marcarán décadas de vida.
El problema es que el punto de partida no es el mismo para todo el mundo.
Las mujeres siguen teniendo salarios más bajos que los hombres y, según los datos disponibles, la brecha salarial en España supera los 5.000 euros anuales. Esa diferencia no es solo una cifra estadística: significa menos capacidad de ahorro, mayor esfuerzo financiero y, en muchos casos, más dificultad para acceder a determinadas condiciones de financiación.
A ello se suma un factor menos visible pero igual de determinante: las trayectorias laborales. Las interrupciones en la carrera profesional vinculadas al cuidado de hijos, mayores o familiares dependientes siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Esto se traduce en carreras más discontinuas, ingresos acumulados menores y, en consecuencia, menor capacidad de generar patrimonio.
Cuando llega el momento de solicitar una hipoteca, todo ese recorrido vital se traduce en números.
Pero siguen haciéndolo dentro de un sistema económico y financiero que no fue diseñado, ni pensado por las mujeres, ni en sus trayectorias de vida.
Durante toda la vida las trayectorias económicas de los hombres se tomaron como referencia universal.
Y eso tiene un nombre: Patriarcado.
Existe además una paradoja interesante en la relación entre mujeres y vivienda. Diversos estudios señalan que las mujeres tienden a adquirir vivienda con un enfoque más vinculado a la seguridad y a la estabilidad que a la especulación o a la inversión financiera.
La vivienda aparece así como un elemento de protección: un hogar, una base de seguridad económica o una garantía de futuro.
Sin embargo, esa búsqueda de estabilidad se produce en un mercado cada vez más exigente, donde el precio de acceso es elevado, la financiación es selectiva y el papel del patrimonio familiar previo se vuelve cada vez más determinante.
En otras palabras, muchas mujeres están tomando decisiones económicas de gran calado en condiciones objetivamente más complejas.
El debate público sobre la vivienda suele centrarse en los precios, en la oferta disponible o en las políticas públicas necesarias para mejorar el acceso al mercado. Y, sin duda, todos esos elementos son fundamentales.
Pero quizá haya una pregunta que todavía aparece poco en ese debate: cómo afectan esas dinámicas de mercado a las mujeres.
Si el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos sociales y económicos de nuestro tiempo, también conviene analizarlo teniendo en cuenta las desigualdades que siguen presentes en el mercado laboral, en los ingresos y en la capacidad de acumulación de patrimonio.
En un momento como el 8 de marzo, quizá también convenga ampliar la mirada sobre el problema de la vivienda.
Porque el acceso a un hogar no es solo una cuestión de mercado.
Es también una cuestión de autonomía económica, de seguridad vital y de igualdad real para poder decidir cómo y dónde vivir.
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